Comunicado
A decir de las diputadas y diputados locales panistas, con la reforma impulsada por MORENA se quiere regresar a los tiempos donde el autoritarismo secuestraba la decisión popular expresada en las urnas, por lo que alertaron al pueblo veracruzano por el debilitamiento a los procesos electorales en Veracruz.
El diputado Omar Miranda, Coordinador del Grupo Legislativo del PAN, recordó que a finales de la década de los ochentas cuando se “cayó el sistema” muchos demócratas lucharon por la implementación de insumos técnicos hasta tener un Programa de Resultados Preliminares (PREP) que garantizara el respeto a las votaciones.
“El PREP es un sistema que da certeza y el temor es que al tener un periodo tan corto para implementarlo por parte de la autoridad electoral, se pudieran generar fallas como las evidenciadas en Hidalgo y Coahuila. Nosotros pedimos que no se deje solamente la exclusividad al OPLE para realizar el PREP, pedimos en tribuna que se dejara abierta la posibilidad para decidir ellos mismos si pueden o no realizar este conteo”.
Por su parte, la diputada Nora Lagunes aseguró que con la reforma el OPLE deja de tener autonomía para quedar supeditado a otro poder público, ya que sus recursos serán recaudados, administrados y ejecutados por otro ente, sin que medie garantía de que esos fondos se devolverán en las ministraciones subsecuentes.
“Podemos entender que el OPLE puede hacer un plan de gestión para la comercialización del material electoral y con ello tener considerado, presupuestalmente cantidades que considera serán reingresadas a sus arcas, no obstante, al no existir disposiciones específicas de el reembolso por parte de la autoridad receptora de los recursos, esto puede traducirse en un desequilibrio en la planeación y ejercicio del presupuesto, aunado a la flagrante violación de la autonomía Institucional y, en su caso, desvío de recursos públicos” aseguró.
En su participación, la diputada Montse Ortega aseguró que todo actuar de la autoridad debe de reunir los requisitos de mandamiento escrito, autoridad competente y fundamentación y motivación, como garantías instrumentales para que las autoridades sólo puedan hacer aquello para lo que expresamente les facultan las leyes, algo que no cumple la reforma electoral.
“Bajo esa premisa, el principio mencionado tiene una doble funcionalidad, pues, por un lado, impone un régimen de facultades expresas en el que todo acto de autoridad que no represente el ejercicio de una facultad expresamente conferida en la ley a quien lo emite, se considerará arbitrario” finalizó
