Hilda Hermida Delgado.- El presidente de la Comisión Instructora del Congreso del Estado, Rubén Ríos Uribe, confirmó que el próximo 23 y 24 de enero se llevará a cabo la audiencia de desahogo de pruebas contra el titular de la FGE, por el juicio político y de procedencia en su contra, a la cual debe asistir de manera personal.
En entrevista, el legislador explicó que la comisión que preside tendrá 3 días para elaborar el dictamen y en el supuesto de que sea procedente y aprobado en el pleno, será turnado a la Sala Constitucional y la Comisión Instructora se convertirá en un órgano acusador y el Poder Judicial dictaría una sentencia de carácter inapelable.
“Él está obligado a comparecer de manera personal, obviamente con asesoría de un abogado y de ahí de ser procedente se turna a la sala constitucional y también tiene un plazo constitucional que no pasa de 30 días el término porque la justicia debe de ser de forma pronta y expedita en ambas partes. Si no viene él, ya está debidamente notificado y se certifica que el procedimiento continúa y se le desecharán las pruebas por desinterés jurídico”.
Además confirmó que entre ocho y 12 medios de comunicación fueron citados por el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) Jorge Winckler Ortíz como medios de prueba, los cuales deberán de aportar información y notas solicitadas por parte del acusado, de no hacerlo se les podría fincar sanciones que van de los 3 a los 8 días de salario mínimo o sanciones más severas por desacato a una orden judicial.
“El fiscal solicitó informes a algunos medios electrónicos y nosotros tenemos la obligación de desahogar todas las pruebas que ofrecen las partes y como hay términos legales que cumplir, se les notifica a los medios que tienen un término de 48 horas, de lo contrario se les aplicará una multa o en su contrario otro apercibimiento por desacato a una orden judicial”.
Finalmente, Ríos Uribe detalló que el juicio político y la investigación que se le sigue a Jorge Winckler es por omisiones o acciones en cumplimento de su deber como fiscal, por lo que la reforma que se hace para la retroactividad de la ley, será a criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ahí se ventilará también a criterio de la soberanía del pueblo, pues no se trata de un acto entre particulares, sino un acto entre entidades públicas.
Finalmente, dijo desconocer si es real el rumor de que será Miguel Ángel Yunes Linares el abogado defensor de Winckler Ortiz.