Opinión
En el juego del Ajedrez –afamado por la exigencia de altos coeficientes de inteligencia entre los competidores- se conoce como “gambito” el sacrificio de una pieza para conseguir compensación y ventaja en el desarrollo de la partida.
Yo no sé si entre los asesores y operadores del gobernador de Veracruz, exista alguno que se destaque por su habilidad para este milenario juego de destreza, pero lo cierto es que en la disputa político-jurídica por el delito de “ultrajes a la autoridad”, en el Congreso de Veracruz se diseñó lo que pudiera llamarse un “gambito de leyes”.
En efecto, el pasado lunes la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró la invalidez del tipo penal de ultrajes, previsto en el artículo 331, fracciones I, II y IV del Código Penal de Veracruz. No sólo eso: También declaró la invalidez del artículo 371, fracción II del mismo Código Penal.
Sin embargo, el máximo tribunal de justicia en el país dejó intacto el artículo 371 “quinquies”, que a la letra dice:
“Se impondrán de 7 a 15 años de prisión y multa de 400 a 800 unidades de medida y actualización diarias, a quien amenace o agreda a un integrante o elemento de alguna institución de Seguridad Pública municipal o estatal en el momento de ejercer sus funciones o con motivo de ellas, de tal manera que, en razón del arma empleada, de la fuerza o destreza del agresor, pueda producirle como resultado lesiones o muerte”.
De hecho este artículo es tan vago como lo era el 331, pero todavía más severo en sus sanciones.
El Jefe del Ejecutivo no enviará una iniciativa para crear una figura delictiva que sustituya a lo que fue derogada por la Suprema Corte, pues la representación de Morena en el Congreso de Veracruz consiguió centrar el debate en el artículo 331 y con ello distrajo la atención de ese otro ordenamiento jurídico que le será igualmente útil a las fuerzas de seguridad del estado al momento de llevar a prisión a presuntos delincuentes contra los que no tengan suficientes elementos de prueba.
Es cierto, con la decisión de la Suprema Corte de dar efectos retroactivos a la declaración de invalidez del delito de ultrajes a la autoridad en Veracruz, quienes están presos exclusivamente por los delitos señalados en el artículo 331 del Código Penal, podrán solicitar su inmediata libertad. Sin embargo, de ahora en adelante la Fiscalía les aplicará el 371 quinquies.
Detrás de esta interesante jugada está la mano del presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Legislatura local, Juan Javier Gómez Cazarín, quien de esta manera refrenda en los hechos la confianza que le ha conferido públicamente su jefe político, el gobernador de Veracruz.
En julio del 2021, cuando se debatía sobre los candidatos el Congreso local que llegarían por la vía plurinominal, el gobernador Cuitláhuac García fue cuestionado sobre las posibilidades de que Gómez Cazarín, ubicado en el segundo lugar de la lista por Morena, pudiera reelegirse.
El gobernador no lo dudó ni un segundo:
“El diputado Juan Javier Gómez Cazarín va a ser diputado nuevamente. Él se desempeña muy bien ahí. Ese es su ámbito. Lo hace bien. Tenemos que formar cuadros. Cuando un cuadro del movimiento con la visión de la Cuarta Transformación está dando resultados es mejor que continúe ahí. Toman experiencia, le saben ya al tema, entonces es mejor”.
Ahí está la muestra.
