Comunicado
Movimiento Ciudadano, en voz de su dirigente, Sergio Gil Rullán, afirmó que gobierno del estado tiene claro que el fideicomiso de Administración del “Acuario de Veracruz”, al mes de agosto de 2021, presentó un saldo a favor de 71 millones de pesos, y por ello busca apoderarse del inmueble.
La intervención en la administración del Acuario de Veracruz tras la clausura anunciada por el Gobernador del estado de Veracruz, no es otra cosa más que la excusa para querer decomisar la administración del Acuario y con ello adjudicarse su fideicomiso, denunció el coordinador naranja.
Incluso afirmó que, durante el 3er informe de Gobierno, anunció que se mantuvo la afluencia de visitantes y turistas en el Acuario de Veracruz alcanzando poco más de 456 mil asistentes e ingresos superiores a los 83 millones de pesos, ahí su inquietud por administrarlo.
Argumentó que la ambigüedad de los argumentos para su clausura temporal por parte de la Procuraduría Estatal del Medio Ambiente, hace pensar que existe algún interés en intervenir en la tutela del centro de recreación más importante de América Latina, debido a su fideicomiso.
“Es obvio que es un tema político y es interés de este gobierno que busca apoderarse y corromper una institución que hoy sí funciona, y dañarla como todo lo que toca, exigimos que el gobierno saque las manos del Acuario de Veracruz” dijo el dirigente.
Enfatizó, que no existe razón alguna para clausurar el lugar, cuando el Acuario de Veracruz, desde su creación hasta la fecha, hace más de 30 años, ha recibido certificaciones y reconocimientos nacionales e internacionales por su desempeño y cuidado ambiental.
En marzo de 2014, obtuvo la Certificación Internacional “Association of Zoos & Aquariums” (AZA), convirtiéndose en el Primer Acuario en América Latina en recibir esta certificación. En 2018, la PROFEPA le otorga el “Certificado de Calidad Ambiental Turística”.
Incluso, desde el año de 1999, mantienen el “Certificado del Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas” (RENIECYT) que otorga el CONACYT por las actividades relacionadas con la investigación y el desarrollo de la ciencia.
Puntualizó que la Secretaría Estatal del Medio Ambiente equivoca su trabajo, pues en vez de estar castigando los ecocidios en Los Tuxtlas, en donde es necesaria su intervención ya que es escenario de una polémica ambiental por la extracción de roca basáltica que, en donde según autoridades veracruzanas, es trasladada a la Península de Yucatán para la construcción del tren Maya.
Así también, la minería a cielo abierto que es un grave problema ambiental, pues ambientalistas afirman que se están provocando desecamiento de manantiales y fuentes de agua en varias regiones de Veracruz, generando afectaciones por la escasez de agua en los municipios de Actopan y Alto Lucero, y ahí, la Procuraduría no hace nada.
Por último declaró que esta Procuraduría se ha visto envuelta en escándalos de extorsión a empresas sujetas a verificaciones, a fin de cobrarles “moches”, buscando en todo momento la extorsión, pero la intención no es en ningún momento procurar un mejor desarrollo ambiental.
