Hilda Hermida Delgado.- El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Veracruz, Juan Javier Gómez Cazarín, manifestó que todos tienen derecho de comparecer ante tribunales por lo que será allí donde se defina la medida preventiva de separar temporalmente al fiscal Jorge Winckler Ortiz de su encargo.
En conferencia de prensa, recordó que la destitución no es definitiva hasta el momento, sin embargo de manera inmediata, se designó como encargada de despacho a la abogada Verónica Hernández, quien tiene todas las atribuciones políticas, orgánicas, operativas y administrativas del órgano autónomo.
“Quiero dejar muy en claro que el acuerdo emitido por la Diputación Permanente se sustenta ideales republicanos, donde ponderamos el interés colectivo por encima del individual. Buscamos brindar certeza jurídica, paz y seguridad a Veracruz, respetando los derechos fundamentales de la ciudadanía”.
Agregó, que el Congreso, en su carácter de representante popular, tiene facultades para remover a los titulares de órganos autónomos y más cuando han sido impuestos a modo por gobernantes del pasado que le mintieron y engañaron al pueblo veracruzano, como en las pasadas administraciones estatales.
En ese sentido y de conformidad con el artículo 123 apartado B fracción XIII de la Constitución federal, me permito citar lo siguiente:
“Los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de las instituciones policiales de la Federación, las entidades federativas y los municipios podrán ser separados de sus cargos si no cumplen con los requisitos que las leyes vigentes en el momento del acto señalen para permanecer en dichas instituciones o removidos por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones. La Diputación Permanente tomó una medida cautelar, dada la gravedad, urgencia y necesidad de evitar daños irreparables a derechos fundamentales de las veracruzanas y los veracruzanos en materia de procuración de justicia, tutela judicial efectiva y seguridad pública”.
Además, añadió que la Fiscalía General del Estado se encuentra ubicada en el penúltimo lugar del índice estatal de desempeño de las procuradurías y fiscalías 2019, según datos aportados por el proyecto Impunidad Cero.
“Esta medida no es definitiva, sino el inicio de un procedimiento con garantías constitucionales de audiencia y ofrecimiento de pruebas. Cabe destacar que todos tenemos derecho de comparecer ante los tribunales. En tal supuesto, serán los órganos jurisdiccionales los encargados de resolver las dudas jurídicas del caso”.
Detalló, que el Fiscal fue nombrado el 30 de diciembre de 2016, fecha en que debió acreditar el trámite de certificación ante el Centro Nacional de Certificación y Acreditación. Por tanto, suponiendo que tuviera un registro, tenía hasta el 30 de junio de 2019 (para) su revalidación, en términos de los artículos 67 y 68 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad y 219 y 220 de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública.
Cabe recordar que el decreto del 18 de junio de 2008, que reformó los artículos 21 y 123 constitucionales estableció que la seguridad pública consiste en la prevención, investigación y persecución de los delitos, a cargo de las instituciones policiales como del Ministerio Público.
La citada reforma estableció que ninguna persona podrá ingresar ni permanecer en las instituciones, si no ha sido debidamente certificada y registrada en el sistema correspondiente.
Por tal motivo, el Poder Legislativo solicitó información ante las autoridades competentes para evaluar al Fiscal General; sin embargo, la respuesta fue que no existe constancia alguna de que cuente con certificación, revalidación y registro conforme a lo que establece la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública en su artículo 67.