Hilda Hermida Delgado. – Esta tarde, los diputados locales aprobaron con 37 votos a favor, 10 en contra y cero abstenciones el nombramiento de Estrella Alhelí Iglesias Gutiérrez, Luisa Samaniego Ramírez, Roberto Alejandro Pérez Gutiérrez y Pedro José María García Montañez como magistrados del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, que forma parte del Sistema Estatal de Anticorrupción.
Los nuevos magistrados tomaron posesión de su cargo de manera inmediata tomando la protesta de ley por parte de la diputada presidenta de la mesa directiva de la LXIV Legislatura del Congreso del Estado, María Elisa Manterola Sainz.
La aprobación del proyecto de punto de acuerdo de la Junta de Coordinación Política se derivó de la iniciativa presentada por el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares ante los legisladores locales el siete de diciembre pasado.
Este mismo proyecto de punto de acuerdo fue retirado del Orden del Día durante la sesión del jueves pasado.
La propuesta del mandatario estatal indica que los magistrados del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa permanecerán en el cargo durante un periodo de 10 años improrrogables.
La conformación de este nuevo Tribunal Estatal de Justicia Administrativa costará en promedio durante su inicio 40 millones de pesos. De acuerdo con la ley, las características de dicho organismo es que estará dotado de plena autonomía para emitir sus fallos, determinar su organización y funcionamiento.
El Tribunal Estatal de Justicia Administrativa será competente para dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública estatal, municipal y los particulares. Podrá imponer las sanciones a los servidores públicos estatales o municipales por las responsabilidades administrativas que la ley determine como graves y a los particulares que incurran en actos vinculados con faltas administrativas graves.
También estará facultado para fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la hacienda pública estatal o municipal o al patrimonio de los entes públicos estatales y municipales y a los particulares afectados por los hechos o actos de servidores públicos.