Con 30 votos a favor, cero en contra y 10 abstenciones, los diputados locales aprobaron el dictamen con proyecto de decreto por el cual se asigna un presupuesto de 94 millones 486 mil pesos al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa.
El dictamen reforma los artículos 10 y 12 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado para el ejercicio fiscal 2018 y se indica que la ampliación presupuestal será cubierta con recursos extraordinarios.
De acuerdo con el dictamen aprobado, la distribución de los recursos asignados por capítulo de gasto, se distribuye de la siguiente forma: servicios personales 68 millones 880 mil 052.00 pesos; materiales y suministros, un millón 535 mil 086.00 pesos; servicios generales, ocho millones 658 mil 862.00 pesos; bienes muebles e inmuebles, ocho millones 412 mil pesos; e inversión pública, siete millones de pesos.
En las consideraciones del dictamen se establece que la ampliación solicitada se justifica, toda vez que se crea el Tribunal de Justicia Administrativa como órgano que actuará en forma coordinada con las acciones del Sistema Estatal Anticorrupción, y que es necesario dotarlo de los recursos económicos suficientes para poder cumplir con las atribuciones que le fueron conferidas.
También se indica que es necesario crear nuevas áreas para su debido funcionamiento, tales como la Unidad de Transparencia, el Órgano Interno de Control, la Unidad de Género, la Dirección Jurídica, las Coordinaciones de Comunicación Social y de Capacitación; además, que se confieren facultades amplias a la Dirección General de Administración, lo que implica personal especializado en la materia.
“Derivado de las funciones sustantivas del Tribunal, se propone la creación de 33 plazas más, determinadas de acuerdo con los requerimientos mínimos para su adecuada operatividad, por lo que pasa de 96 a 129 plazas”, se indica en el dictamen y se afirma que se requiere arrendar oficinas, pues no cuenta con inmueble de su propiedad, pagar los servicios básicos, tales como agua potable, energía eléctrica, telefonía, internet, servicio postal y paquetería; así como, la carga impositiva estatal sobre el pago de nómina que, en el caso del extinto Tribunal de lo Contencioso eran absorbidos por la Dirección General de Administración del Consejo de la Judicatura.