Hilda Hermida Delgado.- Durante la sesión de este jueves, el Congreso del Estado dio entrada a un paquete de iniciativas de reformas constitucionales propuestas por el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares.
El titular del Poder Ejecutivo propone regresar a tres años el periodo constitucional de los alcaldes y pasar la fecha de la toma de protesta del primero de enero al 5 de septiembre; modificar la fecha de instalación del Congreso del Estado del 5 de noviembre al 25 de agosto; que el Gobernador electo en 2024, concluya su encargo el día treinta y uno de agosto de 2030 y que el inicio del período gubernamental de la administración 2030-2036 sea el primero de septiembre de 2030.
Propone que recibida la constancia de mayoría, el Gobernador Electo dentro del término de sesenta días naturales entregará al Congreso el Plan Veracruzano de Desarrollo para su análisis y, en su caso, aprobación.
A partir del primero de agosto del año de la trancisión del Poder Ejecutivo, el Gobernador y los Titulares de las dependencias centralizadas y entidades paraestatales dispondrán lo necesario para iniciar la entrega de los asuntos de la Administración Pública encomendados a su responsabilidad.
Además, considera necesario que las propuestas de nombramientos o designaciones de Magistrados, Fiscal General e integrantes de órganos autónomos, que envíe el Gobernador al Congreso del Estado, se harán considerando la igualdad de género.
Yunes Linares, también propone que el servidor público que sea vinculado a proceso, por ese solo hecho quedará separado del cargo, mismo que podrá reasumir si la resolución judicial con la que concluya el juicio es absolutoria.
El Contralor General del Estado será designado por el Gobernador a partir de una terna de candidatos que le sea presentada por la Universidad Veracruzana; la terna se obtendrá de un proceso de convocatoria pública emitido por dicha institución educativa, donde se dispongan los requisitos para ocupar el cargo.
Otra iniciativa es en el sentido de incorporar en el orden jurídico del estado y de los municipios el Derecho Humano al Mínimo Vital, el cual se desprende de una interpretación sistemática de la Constitución y los derechos a la vida, a la integridad física, a la igualdad, a la salud, al trabajo, y a la seguridad social, entre otros.
Para ello, se propone que el monto presupuestal asignado a esos rubros siempre será superior al aprobado en el ejercicio inmediato anterior.
Y que en el Presupuesto de Egresos las partidas destinadas al desarrollo social y a la seguridad pública sean siempre superiores a las del ejercicio inmediato y para prohibir el otorgamiento de manera discrecional de concesiones, patentes, licencias y en general cualquier autorización para el uso o aprovechamiento de algún servicio público.
Mientras que la iniciativa en materia político electoral tiene diversos objetivos, entre ellos reforzar la igualdad de género con el nombramiento de dos magistradas y dos magistrados, menores de 40 años de edad, para el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa.