Comunicado
Con el fin de garantizar percepciones acordes a su profesión y dotar de certeza a sus clientes, la diputada del GLPAN, Judith Pineda Andrade propuso actualizar el catálogo arancelario que rige a los abogados, generando la ley más vanguardista del país.
La legisladora recordó que la ley que rige las costas judiciales data de 1974, es decir, hay un desfase de más de 40 años con relación a sus percepciones económicas.
Dicha actualización, propone que solo los abogados que cuenten con cédula profesional, sean aquellos que puedan devengar las tarifas señaladas por el cobro de costas procesales.
La propuesta establece como causa de nulidad de un contrato de prestación de servicios profesionales, aquel cuyo cobro de honorarios sea superior al 20 por ciento de la suerte principal.
Lo anterior no será aplicado en los casos en que el contratante no vaya a erogar pago alguno, hasta finalizar el proceso, asumiendo el abogado los riesgos de no cobrar los mismos de no obtener sentencia favorable, y hasta que la misma cause estado.
Asimismo, establece como una obligación que los abogados exhiban al interior de sus despachos tanto la Ley que establece las tarifas genéricas, como el arancel que ellos mismos cobren por sus servicios, con el fin que los clientes estén informados de los costos.
Judith Pineda propuso que dada la desigualdad judicial, se establezca como una obligación que los abogados brinden servicios gratuitos con límites claramente definidos, pues no podemos exhigirles que solo se dediquen a llevar casos gratuitos.
Una figura importante que se incorpora, es la declaración de nulidad de títulos de créditos que sean elaborados para garantizar honorarios futuros, esto con la clara finalidad de que los clientes, no sean extorsionados con el pago de honorarios no devengados.
“Hoy debemos, como Congreso, buscar crear leyes que estén acorde a la realidad, pero también debemos actualizar las que ya tenemos, la realidad avanza y la ley no puede quedarse estancada, para eso estamos nosotros, para darle el dinamismo necesario al sistema legal”, finalizó.