Durante los ultimos quince años de gobierno priista, la Secretaría del Trabajo Precisión Social y Productividad, mantuvo un rezago en expedientes radicados en las 16 Juntas Especiales de Conciliación y Arbitraje, falta de personal e instalaciones deterioradas.
En la Glosa del Primer Informe de Gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares en el Congreso del Estado, la titular de la dependencia Silvia Edith Mota Herrera, expresó que en total tienen un rezago de 19 mil 360 expedientes radicados en las 16 Juntas Especiales de Conciliación y Arbitraje.
“Esto ocasiona un detrimento en el patrimonio de los empleadores y la incertidumbre jurídica para los trabajadores derivado de la práctica que tenían de señalar las audiencias en un margen de 8 a 12 meses, absteniéndose de emitir los laudos, las reservas de pruebas y desahogo de las mismas, en los términos consignados en la Ley Federal del Trabajo”, apuntó.
En ese sentido, explicó que desde que tomó el cargo se concluyeron 8 mil 178 expedientes, además de recibir 7 mil 8 demandas laborales individuales, desahogándose 20 mil 120 audiencias y se dictaron 88 mil 195 acuerdos.
Mota Herrera explicó que en cuanto a la impartición de justicia a partir de dichas juntas, se encontró que las 16 Juntas Especiales, así como los 3 Centros Regionales de Conciliación, no contaban con personal suficiente para el desahogo de sus funciones y actividades.
“Recibí una plantilla de personal con un total de 347 plazas, únicamente por lo que respecta a la Secretaría, las cuales, de acuerdo a los servicios que se brindan, resulta limitada para dar la cobertura necesaria”, dijo.
Añadió que la mayoría de los inmuebles los recibieron en condiciones deterioradas y con falta de mantenimiento; “el 35 por ciento del equipo de cómputo e impresoras estaba descompuesto y obsoleto y el mobiliario en mal estado”, dijo.
En cuanto al arrendamiento de los inmuebles que ocupan las Juntas Especiales de Pánuco, Tuxpan, Poza Rica, Martínez de la Torre, Veracruz, Córdoba y Coatzacoalcos, reveló que se adeudan las rentas de enero a noviembre de 2016, provocando inestabilidad para operar ante los reclamos de los dueños de los inmuebles y las amenazas con cerrar las oficinas.
Explicó que la Dirección General del SNEVER se operó a través de un Convenio de Colaboración celebrado entre la Federación y el Estado, cumpliendo únicamente el Gobierno Federal, ya que el Estado no aportó lo pactado los últimos 4 años de la administración del priísta Javier Duarte de Ochoa, lo que dio lugar a que se penalizará a Veracruz con una reducción del 67 por ciento de la aportación federal.
Reconoció que la Secretaría del Trabajo mantiene pasivos a proveedores diversos de los ejercicios fiscales 2012 a 2016, así como adeudos a los vocales obrero-patronales de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.
Recordó que tienen pagos de laudos realizados de forma irregular, juicios laborales no registrados en los pasivos de la Dependencia, robos de vehículos sin ratificación de denuncias, así como impuestos pendientes de pagar y falta de cuotas obrero-patronales del IMSS a las instancias correspondientes.
Finalmente, dijo que en 2017 se realizó el pago a las y los trabajadores, por la cantidad de 458 millones 229 mil pesos en ejecución y cumplimiento a los laudos emitidos por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y convenios sancionados por dicha autoridad.